La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Michoacán en contra de la descentralización del sistema educativo federal, mismo que obliga a la administración estatal a hacerse cargo de la enseñanza básica.
Con ello, la Suprema Corte determinará quién debe pagar los salarios de los 29 mil educadores en Michoacán.
La controversia fue interpuesta por el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, para impugnar la normativa en la que los gobiernos estatales deben de responsabilizarse por el pago de salarios de los profesores.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
El portal Político.mx, precisa que Aureoles solicitó a la SCJN deshabilitar el artículo 13 fracción I de la Ley General de Educación, que estipula que corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales “prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros.
El conflicto inició luego de las diferencias entre la administración de Silvano Aureoles y la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) por una supuesta falta de pago a la nómina de los docentes.
El gobernador michoacano consideró que la asignación de estos recursos compete al Gobierno Federal.
Al momento, la SCJN emplazó al ejecutivo federal, las secretarías de Hacienda y de Educación, así como a ambas cámaras que respondan por escrito a la queja del gobierno de Michoacán.